Modelo de articulación público –privada para la producción sustentable

Autor: Lic. Ma. Cristina Solanas

Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 2015

Introducción:

Los Estados Nacionales y subnacionales de América Latina en el marco de las responsabilidades de gobierno, asumen permanentemente la tarea de restablecer las condiciones de vida de la población y la capacidad productiva de los diferentes sectores de la economía del país, después de la ocurrencia de un evento climático extremo. Estas actividades se suman a aquellas que planificadamente desarrollan con el objetivo de  reducir las vulnerabilidades territoriales y de los sectores productivos.

La presente ponencia hará hincapié en dos aspectos centrales de esta realidad: la urgencia de articular las acciones públicas y privadas para involucrar a las comunidades y los sectores productivos más vulnerables en el diseño e implementación de políticas de gestión integral del riesgo y en segundo lugar la necesidad de diseñar y gestionar instrumentos financieros que permitan trabajar sobre la prevención, mitigación y adaptación a estos riesgos climáticos.

El desafío es seguramente el poder pensar en forma participativa, un proceso complejo que pone en principio en evidencia las vulnerabilidades ambientales, territoriales, culturales, tecnológicas, económicas y políticas y en cómo se pueden resolver estas debilidades de manera sistémica proponiendo un articulación de capacidades, una profunda reflexión sobre el rol de cada uno de los actores y un uso más eficaz y eficiente de los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías y los nuevos instrumentos financieros disponibles a nivel mundial.

Cambio climático – Riesgo climático: gestión integral, adaptación, mitigación y  transferencia

En el contexto actual de cambio climático, se  prevé una agudización del carácter extremo del clima.  Argentina, junto con muchos otros países del mundo, se encuentra cada vez más forzada a responder a catástrofes, entre las que se destacan las de origen climático, las cuales están aumentando en frecuencia y severidad a nivel mundial. Estas preocupaciones fueron discutidas intensamente a nivel internacional y los países han acordado que, para poder reducir las pérdidas económicas y en vidas, los Gobiernos deben cambiar el énfasis, reemplazando el  sistema reactivo de respuesta a emergencias, por un sistema proactivo de gestión de riesgos, lo cual incluye prevención, mitigación y transferencia. 

En el  marco de definiciones acordado internacionalmente, se asume que un acabado entendimiento de los riesgos  permite disminuir la incertidumbre   enfocando la  gestión con un criterio integral de previsión, adaptación y transferencia. El rol que debe asumir el Estado en todos sus niveles es central en estos procesos, tanto en las estrategias como en la administración de herramientas para asegurar el desarrollo sustentable

El riesgo ha pasado de ser la mera posibilidad de ocurrencia de un episodio extraordinario al análisis de la realización territorial de acciones producidas por el hombre en un espacio geográfico sin tener en cuenta la dinámica propia de la naturaleza. De este modo, es posible individualizar y caracterizar unidades de análisis territorial como “regiones-riesgo”.

El análisis del riesgo, además  del estudio detallado de la peligrosidad natural considera ahora la valoración de la vulnerabilidad que llevan implícita dichos peligros. De esta manera el análisis físico de los procesos de riesgo se completa con el estudio de las variables sociales y económicas y además, se tiene en cuenta la capacidad de respuesta de la sociedad a los efectos de los fenómenos extremos, llegando así  a referirse a una amplia gama de situaciones de incertidumbre.

Dado que las acciones de prevención y mitigación no podrán eliminar del todo el riesgo de desastres, se requerirán medidas de financiamiento de pérdidas. El paradigma predominante hasta ahora ha consistido en responder a las emergencias, en vez de prevenirlas o mitigarlas para actuar sobre los factores que crean o agudizan la vulnerabilidad frente a eventos catastróficos

Riesgos climáticos en Argentina

La economía Argentina es altamente vulnerable a los cambios en temperatura y precipitación debido a su perfil productivo, considerando que depende en un 19% del PIB del sector agro-exportador primario y de las industrias manufactureras asociadas a dicho sector, así como de la producción de energía eléctrica a partir de hidroelectricidad en las vertientes de los ríos originarios de la Cordillera de los Andes.

Los escenarios que a partir de los estudios de prospectiva del IPCC se analizan para la década 2080-2090, consideran posibles incrementos de hasta 4° C en el norte de país y 2° C en el sur. El aumento gradual de temperatura está siendo responsable de mayores niveles de estrés hídrico, evidenciados por el retroceso de los glaciares en la cordillera de los Andes y el incremento de proceso de desertificación

Asimismo se esperan cambios en precipitación y frecuencia de eventos extremos ya que en los últimos 30 a 40 años se han observado en la mayor parte del territorio argentino cambios en las tendencias climáticas,  probablemente asociadas al calentamiento global. Estos cambios incluyen: el aumento de las precipitaciones medias anuales en la mayor parte del territorio, a excepción de la zona oeste a la cordillera de los Andes y áreas al extremo sur del país; reducción en la precipitación promedio en la zona de Comahue y aumento de la frecuencia de precipitaciones extremas en el centro y este del país.

Como resultado, las isoyetas que delimitan la agricultura de secano se han corrido hacia el oeste en más de 100 Km. Este hecho, en combinación con otros factores, ha contribuido a que la frontera agrícola se expanda hacia zonas consideradas hasta 1960 como semiáridas.

En el caso del sector forestal, la reducción significativa en la superficie boscosa tiene su expresión más patente en los ecosistemas del Bosque Atlántico, el Chaco y Las Yungas, con pérdidas estimadas en 9,058 Km2, 68,800 Km2 y 14,060 Km2 respectivamente para el periodo 1956-2005. El área deforestada equivale a 4,4 veces el área de la República de El Salvador en 50 años de expansión agrícola sólo en estos tres ambientes boscosos del país.

Con respecto a los ríos originarios de la Cordillera de los Andes, éstos han reducido sus caudales, causando pérdidas en la generación de energía hidroeléctrica. Por ejemplo, en las provincias de Río Negro y Neuquén se han registrado niveles de pérdida de hasta un 40%

Todos los sectores de la economía (energía, transporte, agricultura, agua y saneamiento, desarrollo urbano, entre otros) son vulnerables a eventos climáticos extremos.

En el caso específico del sector agropecuario diversos modelos científicos y económicos predicen una disminución en los rendimientos de los principales cultivos en relación al periodo 1961-1990. Para el 2020 se esperan pocos cambios en rendimiento de trigo, maíz y soja. Sin embargo, a largo plazo (2050-2080) los rendimientos disminuirían entre 11% y 16% para trigo, 15% y 24% para maíz y entre 14% y 25% para soja (CEPAL, 2012).

Por otra parte la ocurrencia de estos fenómenos produce altos impactos tanto a nivel comunitario, como en vidas humanas.

La diversidad ambiental de nuestro país, dada fundamentalmente por su desarrollo latitudinal, determina la presencia de regiones ecológicas distintas sobre las que se superpone un desarrollo económico, social y cultural heterogéneo potenciando esta diversidad.

El 69 % de los desastres ocurridos en el país entre 1970 y 2007 han sido detonados por   eventos   de   origen   hidrometeorológico.  Entre   ellos,   los predominantes por   su   recurrencia   son   (en   orden   decreciente):   las inundaciones, las tempestades, las nevadas y las sequías. Los aluviones presentan las mismas causas y comportamiento estacional que las inundaciones.

Asimismo son significativas las epidemias y las sequías debido a sus impactos. Estas últimas, presentan un patrón opuesto al de las inundaciones en relación al ciclo ENSO, habiendo sido más frecuentes durante fases Niño y Niña que en períodos neutros.

A partir de este panorama se pueden evaluar los impactos en los sectores económicos que se exponen  cada año a los riesgos de pérdidas de su producción o de sus ingresos.

A pesar de todos los recursos que se pueden usar para moderar los impactos de los fenómenos naturales extremos, debe considerarse que, en determinadas situaciones y en una cierta proporción, la intensidad de las mismas logra superar las barreras que se le oponen, y causan  diversos grados de impacto en las actividades, servicios e infraestructuras productivas.

La severidad del impacto de eventos climáticos depende de varios factores, como la localización, la sensibilidad de la inversión a variables climáticas, las medidas de adaptación en la gestión de riesgos, las condiciones de mercado, y las políticas y marco regulatorio existentes. Los eventos climáticos tienen un impacto directo en las decisiones de inversión de corto plazo y, a  pesar de una menor exposición, las consecuencias inmediatas pueden ser substanciales.

Algunos sectores económicos de nuestro país son más sensitivos a eventos climáticos que otros, dada la exposición de las cadenas productivas a variables climáticas y a la naturaleza de las operaciones comerciales. Por ejemplo, industrias que dependen de recursos naturales, principalmente en  los sectores de Energía, Turismo y Agricultura, tienen ingresos que fluctúan ampliamente con las variables climáticas además de las variaciones regulares de estacionalidad.  Eventos climáticos como sequías, inundaciones, o huracanes producen cambios en la oferta de productos agrícolas y por ende en precios a nivel nacional e internacional

Cómo adaptarse o desaparecer en el intento…

Las acciones de adaptación destacan la necesidad de incorporar consideraciones de gestión integral del riesgo de desastres en los procesos de planificación territorial  y en los sistemas productivos, además de  promover la articulación intra e interinstitucional para el abordaje integrado de la problemática. Ello demanda:

• Fortalecer los sistemas agrícola ganadero y la seguridad alimentaria, disminuyendo la vulnerabilidad;
• Fortalecer los procesos de gestión de la salud;
• Fortalecer la gestión de los recursos naturales bajo los escenarios de variabilidad climática;
• Fortalecer los sistemas de monitoreo, medición y modelado de variables ambientales (especialmente hidrológicas y meteorológicas) y variables socioeconómicas;

La Gestión del Riesgo se define como un proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a reducir el riesgo o minimizar sus efectos. Implica intervenciones en los procesos de planificación para el desarrollo y la implementación de estrategias orientadas a reducir las causas que generan condiciones de vulnerabilidad en las unidades sociales y sus medios de vida. De esta definición se derivan dos consideraciones fundamentales y relevantes con referencia a cualquier nivel de la gestión:

• La gestión comprende un proceso, y no un producto o conjunto de productos, proyectos o acciones discretas, relacionado con el logro de objetivos de desarrollo sostenible.
• La gestión se ubica con referencia a dos contextos de riesgo: el riesgo existente y el posible riesgo futuro.

Es aquí donde la gestión integral del riesgo entra a cumplir un papel fundamental. De esto son parte las medidas de prevención y mitigación, combinadas con medidas de protección financiera, las cuales pueden  ser coordinadas por los sectores público y privado.

En la búsqueda de recursos

La provisión de mecanismos efectivos de protección financiera ex ante es esencial, ya que facilita la disponibilidad de fondos cuando más se necesitan, reduciendo así la carga financiera ex post de la recuperación y reconstrucción a raíz de una catástrofe natural.

Es necesario el  impulso del desarrollo de instrumentos fiscales, financieros, económicos y legales que faciliten la implementación de acciones en sectores económicos y de infraestructura prioritarios y apoyar a instituciones financieras públicas y privadas para el diseño de líneas de crédito para inversiones en mitigación y adaptación, así como instrumentos de gestión financiera de riesgos.

Los antecedentes que podemos encontrar en Latinoamérica (México, Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica y el Caribe) ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar una estrategia de intervención del Estado en los procesos de gestión integral del riesgo y en la regulación de las herramientas para la transferencia del riesgo donde el Estado actúe de forma activa.

La protección financiera contra desastres mediante el desarrollo de un mercado de seguros eficiente ofrece la oportunidad de transferir parte del riesgo y evita el endeudamiento como resultado de una emergencia.

 La creación de una infraestructura técnica apropiada para que el sistema de coberturas funcione adecuadamente constituye una parte importante de la estrategia.

Es importante fomentar el aumento de la demanda de transferencia de riesgo promoviendo la toma de conciencia por parte de las comunidades y los productores sobre los beneficios derivados tanto de la gestión de riesgo como del mecanismo de las coberturas de riesgo.

Otro instrumento de mucha utilidad es el crédito contingente,  ya que este tiene la ventaja de evitar las distorsiones que puedan causar las reformulaciones de préstamos existentes, siendo ésta la medida favorecida en el corto plazo por los prestatarios cuando ocurre un desastre.  Por otra parte, se ve la necesidad de seguir analizando las oportunidades de desarrollo de condiciones para el uso de instrumentos innovadores de mercados de capital como son los bonos de catástrofe.

Son diversas las estrategias que se pueden utilizar para enfrentar los impactos negativos de eventos climáticos sistémicos en los ingresos y la economía de la Argentina y reducir las pérdidas que afectan a los diferentes sectores productivos.

El rol del sector público resulta clave para la articulación de acciones entre distintos niveles jurisdiccionales, a través del ejercicio de sus competencias de regulación y la utilización de instrumentos financieros. 

Se requiere a tal fin mejorar la capacidad del Estado Nacional y de los Estados provinciales para restablecer las condiciones de vida de la población y la capacidad productiva de los diferentes sectores de la economía del país, después de la ocurrencia de un evento climático extremo así como reducir las vulnerabilidades territoriales y de los sectores productivos.

Para ello, deben definirse claramente  políticas y programas para:

• apoyar a diferentes sectores económicos en la transferencia de riesgos climáticos;
• asegurar la integración de la gestión financiera de riesgos climáticos de los diferentes organismos públicos a nivel nacional y sub-nacional (provincias, municipalidades); y
• fomentar el desarrollo del mercado de derivados climáticos para facilitar el crédito e inversión en los diferentes sectores de la economía que permitan aumentar la competitividad y el crecimiento económico del país de forma sostenible. 

Si bien estos roles son diferentes en cuanto a la población beneficiaria meta y a los instrumentos de política y programas, todos se enmarcan en una estrategia pública de transferencia de riesgos climáticos vinculada con la agenda global ambiental del país.

También podemos afirmar que los eventos climáticos sistémicos adversos, no solamente tienen un gran impacto en los diferentes sectores de la economía, sino que además producen pérdidas de ingresos fiscales y requieren de un aumento de gasto público para responder a la emergencia, aumentando así el déficit fiscal o reduciendo el superávit. 

Esta exposición fiscal a los riesgos climáticos catastróficos, hace que Argentina tenga un especial interés  en la utilización de instrumentos financieros para transferencia de estos riesgos a mercados internacionales, como lo son los derivados climáticos, reaseguros, bonos catastróficos y otros.  El financiamiento insuficiente del riesgo de los desastres puede acarrear consecuencias negativas  sustanciales para el consumo presente y futuro, para las inversiones y para el crecimiento a largo plazo. La protección financiera adecuada debería constituir un elemento fundamental de las políticas nacionales para la gestión del riesgo.

Un sistema eficaz de financiamiento del riesgo requerirá de compromisos claros, arreglos institucionales necesarios e instrumentos financieros apropiados. La definición de una estrategia pública de transferencia de riesgos climáticos requiere coordinación entre los diferentes organismos públicos a nivel nacional y provincial,  y también con los diferentes sectores económicos, que conduzca a la generación de un sistema de instrumentos financieros de  compensación y transferencia de riesgos climáticos eficiente.

En virtud de la estructura institucional argentina, se hace indispensable coordinar y articular la participación y enlace entre los tres niveles de gobierno y la comunidad. Será entonces fundamental que los Estados provinciales se integren para proyectar los mecanismos financieros en sus territorios, promoviendo la integración de los gobiernos locales. El Estado Nacional deberá desarrollar las instancias de asesoría, planeamiento y seguimiento destinadas a garantizar la efectividad y coherencia de los procesos de gestión.

Participación activa, diálogo, instancias de participación y transferencia de tecnologías

La estrategia  fundamental será la de fomentar desde su inicio el diálogo público-privado y para ello podemos partir de los principios que establece la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que puede constituirse en una guía para la articulación concreta público-privada que proponemos en la presente ponencia y para la formación de facilitadores que puedan.

Aplicar una gestión social e integral del riesgo a fin de construir un modelo sustentable de desarrollo social y productivo, implica respetar los siguientes principios:

• Corresponsabilidad social, por el cual los ciudadanos y las ciudadanas, individualmente o agrupados en colectivos, tienen que contribuir al bien común o interés general de la sociedad.
• Gestión pública compartida entre el Estado con las organizaciones sociales o el sector privado, o la que es gestionada directamente por éstos.
• Transparencia en la actuación del Estado y la responsabilización en el ejercicio del gobierno.

Cuando los actores públicos identificados en el territorio se nucleen alrededor de gobiernos locales, se deberá considerar como objetivos:

• Lograr incrementar la eficiencia y la eficacia de los proyectos productivos que tomen en cuenta la gestión del riesgo, a partir de incorporar  en el proceso de creación, implementación y seguimiento, a los diferentes actores que pueden aportar conocimientos tecnológicos y de  gestión  con una mirada de desarrollo local que potencie los saberes propios de la comunidad.
• Construir con los actores intervinientes del sector público y de la sociedad civil, una metodología de toma de decisiones  a partir de fortalecer las capacidades y habilidades a las OSC e individuos  que participen y para ello habilitar canales de comunicación e impulsar la  construcción de redes para potenciar la participación.
• Formalizar la creación de instancias  y espacios de participación donde la comunidad y los sectores vinculados a las temáticas a tratar, pueda expresar sus ideas poniendo de manifiesto su sentido de  identidad y los valores de solidaridad y respeto por los otros.

Estos propósitos se correlacionan con el epígrafe 15  de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana cuando afirma que  en los procesos de implementación participativa de políticas públicas las Administraciones Públicas contarán con mecanismos destinados a la implementación participativa a través “de mecanismos institucionales que involucren a las comunidades y beneficiarios, los que, en todo caso, deben reunir los criterios de orientación a resultados y organización eficaz, para asegurar el incremento de la calidad en la gestión”.

Por otra parte, al sumar en el esfuerzo de implementación  a todos los actores vinculados al tema a tratar, sean del sector público y privado, se dan pasos concretos hacia la futura formalización de acuerdos que favorezcan la sustentabilidad de los proyectos a largo plazo. De esta manera se cumple con el ítem b. del epígrafe 15 donde se establece que “La implementación asociada, formalizada en alianzas público-privadas, que deben organizarse a partir de metodologías operativas que aseguren, desde su diseño, la producción de resultados y evidencias de valor público” es uno de los caminos para garantizar el éxito de los emprendimientos.

En el modelo que queremos impulsar para el desarrollo sustentable aparecen como variables claves las nuevas prácticas tecnológicas. Cuando hablamos de “agricultura climátológicamente inteligente” o cuando introducimos el concepto de “nuevos instrumentos financieros para la transferencia del riesgo” seguramente, pueden generar resistencias entre los productores más tradicionales, pues modifican una tradición productiva, cultural y hasta social, ya que los roles familiares pueden verse alterados por los nuevos requerimientos de capacidades especiales frente a las nuevas tecnologías.

Cuando introducimos el concepto de transferencia tecnológica, sea ésta vinculada a las técnicas agronómicas, a la reducción de vulnerabilidades territoriales, a la reconversión productiva de comunidades, a la relocalización de asentamientos, o al agregado de valor de la producción local y lo queremos desarrollar desde el marco teórico de la participación debemos poner en discusión el concepto de “transferencia de tecnología” ya que la misma afirmación implica que “alguien genera una tecnología “ y “otro (en este caso el productor, la comunidad o la administración) la recibe” y en última instancia habrá que sensibilizarlo para que la acepte y enseñarle a utilizarla. Este modelo tradicional de “Tecnología apropiada” es un modelo opuesto al modelo participativo que planteamos impulsar.

Participación y transferencia tecnológica

De la teoría existente hoy a nivel de América Latina, referida a la transferencia tecnológica, rescatamos los conceptos elaborados por el Dr. Hernán Thomas, (THOMAS: 2009) para el cual “Las tecnologías son construcciones sociales tanto como las sociedades son construcciones tecnológicas” es decir que no podemos pensar un desarrollo tecnológico aislado de lo social, en especial si éste va dirigido a la resolución de las problemáticas de la pobreza, la exclusión y el subdesarrollo: la gestión del riesgo climático, producción sustentable de alimentos, vivienda, transporte, energía, acceso a conocimientos y bienes culturales o ambiente.

El mismo autor afirma que el desarrollo de “tecnologías sociales” (entendidas como tecnologías orientadas a la resolución de problemas sociales y/o ambientales) “reviste una importancia estratégica clave para el futuro de América Latina. La inclusión de comunidades y grupos sociales dependerá, probablemente, de la capacidad local de generación de soluciones tecno- productivas tanto adecuadas cuanto eficaces”.

Sin querer ampliar la teorización podemos plantearnos algunas dudas sobre cuál es el abordaje teórico-metodológico más adecuado de una tecnología “social” y llegar en base a los nuevos criterios de “adecuación socio-técnica” a una definición que nos guíe en nuestra propuesta de diseño, generación e implementación de la transferencia tecnológica: “Tecnología Social es una forma de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar tecnología orientada a resolver problemas sociales y ambientales, generando dinámicas sociales y económicas de inclusión social y de desarrollo sustentable”. (THOMAS: 2009 p 4)

Una de las más difundidas en la actualidad es la adoptada por la Rede de Tecnologia Social (RTS – Brasil, 2009): “la tecnología social comprende productos, técnicos y/o metodologías reaplicables, desarrolladas en interacción con la comunidad, y que representan efectivas soluciones de transformación social”.

De la definición anterior es imprescindible entender que el proceso de transferencia comienza con el proceso de “diseño y generación”, esto significa que el trabajo del tecnólogo social no se limita a “crear” la tecnología adecuada y entregarla al futuro usuario, sino  aceptar la existencia de saberes no oficiales y también aceptar la participación de los colectivos sociales en los procesos de desarrollo de las mejoras tecnológicas y en la gestión asociada de los procesos de desarrollo local que las incorporen.

Los actores fundamentales de los procesos de desarrollo de tecnologías sociales serán entonces entre otros, los pequeños y medianos productores, las cooperativas, las ONGs, los organismos públicos de I+D, las áreas gubernamentales, los gobiernos locales  y los organismos descentralizados.

El modelo de intervención en construcción debe definir en primer lugar los actores involucrados  en tres niveles:

• Un primer nivel de actores territoriales: sectores políticos (gobiernos locales), educativos (universidades y representantes de la educación técnica) y económico-financieros con el objetivo de construir juntos instancias de participación a nivel local y regional que permitan convocar a los diferentes actores del sistema productivo. Este conjunto de actores pueden permitir conocer el contexto social y económico del territorio y una primera mirada sobre las condiciones socio-productivas, las vulnerabilidades socio-ambientales del territorio y las comunidades.
• Un segundo nivel formado por grupos de productores que sean los protagonistas del proceso de construcción tecnológica. En esta instancia se deberá incorporar activamente a los usuarios-beneficiarios productivos (cámaras, empresas, cooperativas  microempresarios, productores pequeños y medianos, agricultores familiares, etc.) en los procesos de diseño e implementación.
• Un tercer nivel integrado por los organismos tecnológicos  nacionales con presencia territorial en el área a ser planificada que articularán el proceso de diseño participativo de los programas o proyectos de sustentabilidad ambiental, desarrollo productivo y gestión integral del riesgo y proveerán la información disponible para el proceso.

Algunos de los temas prioritarios para fortalecer e impulsar en los procesos de desarrollo sustentable, adaptación al cambio climático o gestión integral de los riesgos incorporando las nuevas herramientas financieras que aseguran el proceso son los siguientes:

a. Capacitación tanto para el sector público (de los distintos niveles jurisdiccionales) como el privado (empresas de seguro, bolsas agropecuarias, banca privada y pública, gremios y sectores económicos como agricultores, agronegocios, empresas de turismo y energéticas) con una mirada integral de la mitigación, la a adaptación y la transferencia como los tres pilares necesarios para pensar un modelo productivo sustentable.

b. Procesamiento integrado de información: En el sistema deberá confluir toda la información disponible de  distintas fuentes que permita una estimación confiable de los indicadores e índices  necesarios para la modelización del plan integral.

La escasez de datos, tanto en calidad como en cantidad, limita el diseño de las herramientas tecnológicas para la regeneración del capital natural (recursos naturales disponibles o escasos en los territorios a ser intervenidos), axial como el desarrollo de instrumentos financieros para sustentar todo proyecto. Es importante mejorar los sistemas de datos y explorar nuevas tecnologías para suplir su carencia.

Disponer de información adecuada es el elemento que más puede contribuir a generar un cambio de actitud en los agentes públicos y privados; solo con información se puede pasar de una gestión de crisis a una gestión de riesgo.

c. Mapeo de riesgos: Una de las necesidades fundamentales  es analizar, identificar y cuantificar los riesgos, mediante el  mapeo de los sectores económicos afectados  y las variables climáticas implicadas, cuantificando los activos, las pérdidas históricas, y la información climática histórica necesaria para el análisis de probabilidades y de estimados de perdidas futuras.

Hoy día contamos con estimaciones de diversos escenarios futuros elaborados por el IPCC, y de bases de datos internacionales de alta disponibilidad que nos permitirán realizar previsiones en nuestros planes de desarrollo considerando no sólo las condiciones climáticas y de condiciones de los recursos naturales actuales sino tener en cuenta la evolución de los mismos, las posibles medidas de adaptación a esos cambios y la posible presencia de amenazas de eventos naturales extremos frente a los cuales implementar medidas de prevención posibles.

d. Identificación de los grupos más vulnerables (comunidades indígenas, mujeres, pequeños productores, regiones de pobreza extrema, etc.)

e. Relevamiento de las infraestructuras públicas y privadas cuya afectación resulte  significativa para la  competitividad de la economía.

Instrumentos financieros para la producción sustentable

A efectos de la utilización de  instrumentos financieros para mitigar y equilibrar  las pérdidas económicas que se producen, proponemos la creación de la figura del Fondo Compensador de Riesgos Climáticos con el objetivo de asegurar los ingresos de los sectores productivos y garantizar la sustentabilidad de las explotaciones del sector agropecuario, agroindustrial y de servicios a través de mecanismos que permitan atenuar los efectos de los eventos climáticos extremos sobre las producciones y las oscilaciones bruscas y negativas de los precios promoviendo certidumbre de largo plazo para cada productor.

La integración de un portafolio de instrumentos de cobertura (seguros paramétricos, derivados  climáticos y bonos catástrofe) permitirá  una eficiente transferencia de riesgos, tanto a nivel de producción como de reaseguro, entre distintos agentes económicos y también entre países que conformarían un “pool de riesgo climático global”, debiendo los  esfuerzos institucionales centrarse en apoyar a las iniciativas que permitan  la creación de  tales mercados climáticos.

Es importante destacar que la mayoría de los eventos naturales en la región no están correlacionados con otras exposiciones en los mercados financieros y de reaseguro y, por lo tanto, representan riesgos diversificables que pueden atraer demanda incremental de empresas de reaseguro e inversores institucionales que mantienen una perspectiva global.

Otro instrumento viable para lograr sustentabilidad productiva es el Crédito de Contingencia  (Deferred Drawdown Option -DDO)  para que las provincias puedan ser asistidas en forma inmediata a través de mecanismos de mercado. Estos créditos se activan en forma automática frente a la ocurrencia de eventos climáticos extremos medibles y que excedan los parámetros establecidos en las condiciones previamente acordadas.

Política Pública: instrumentos legales y proceso de gestión

Pensar instrumentos financieros, herramientas de gestión y su forma de aceptación en las comunidades especialmente algunos sectores más conservadores de la economía y la producción, requiere del desarrollo de un proceso que desde el Estado se debe fortalecer previendo el marco legal y de gestión necesarios para llegar al territorio con los instrumentos específicos. He aquí algunos de los pasos a dar:

– Relevamiento de normativa relacionada con instrumentos financieros aplicados a la actividad agropecuaria.

• Estudio comparativo de legislación vigente en Argentina y análisis de nuevos instrumentos legales existentes en países de la región

– Elaboración de normas

• Consulta con organismos competentes
• Definición del nivel normativo requerido

– Gestión legislativa o administrativa para la sanción de las normas

• Presentación de las normas
• Consultas internas en organismos competentes

– Implementación a nivel administrativo de los instrumentos legales sancionados

• Capacitación interna
• Diseño de procedimientos
• Articulación del modelo con los Planes Agropecuarios
• Diseño de sistema de control administrativo

– Constitución estructuras formales en los diferentes niveles jurisdiccionales para la gestión de los instrumentos financieros

• Difusión de los modelos de instrumentos
• Capacitación técnica para su aplicación y control
• Fortalecimiento institucional de los equipos del PEA
• Transferencia a los niveles provinciales y locales

– Campañas de concientización locales, microrregionales o regionales enfocadas en los diferentes sectores productivos involucrando a productores y a organizaciones de la sociedad civil, de segundo y tercer nivel.

Reflexiones finales:

En el año 2010, presentábamos en el Congreso del CLAD una ponencia referida a la necesidad de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, pensando en su participación activa para incidir en políticas públicas.  Estamos lejos de haber concientizado al sector público de lo que significa sumar a la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas.

Uno de los principios de la Carta es la “Institucionalización: los poderes públicos promoverán la creación, mantenimiento y correcto funcionamiento de las instituciones y mecanismos que hagan posible el ejercicio del derecho de participación ciudadana en la gestión pública, respetando la existencia de espacios y mecanismos de participación informal y espontánea”.

Es hora que, todos los que estamos en la administración pública nos convirtamos en facilitadores del proceso de institucionalización de la participación, incorporando instancias participativas en los programas, proyectos o acciones que impacten en el territorio, en el ambiente y en la sustentabilidad de los modelos de desarrollo.

Nuestros recursos naturales, expuestos al cambio climático y a los eventos extremos están siendo afectados por factores que es muy difícil controlar, pero nuestra misión es recuperar en base a tecnologías las condiciones de productividad de los recursos (suelo, agua, bosques), mejorar las prácticas agronómicas, controlar las malas practicas de numerosas comunidades que generan un cambio en el uso del suelo y  mitigar en lo posible el aporte de GEI´s a la atmósfera de nuestro planeta.

La adaptación es otro reto. Tenemos la ciencia, la tecnología, los profesionales y técnicos  y la información para comenzar a operar sobre nuestras vulnerabilidades, pero para ello es fundamental que sumemos a los actores territoriales, con sensibilización y capacitación,  con instancias de participación para diseñar y gestionar los planes.

Por último, incorporemos a esta gestión integral la columna de los recursos financieros, porque el mundo desde todos los estrados, en especial en el presente año desde la COP 21 está previendo una fuerte transferencia de recursos hacia los países en desarrollo para transformar los modelos agrícolas, ganaderos, de transporte y energéticos, para lograr que las producciones no generen la pérdida del capital natural y finalmente para segurar que los modelos de desarrollo colaboren con la reducción de las vulnerabilidades sociales con inclusión y seguridad alimentaria para todos.